Tras la declaración de RENFE como entidad constructora en 1944, esta podía acogerse a los beneficios derivados de la ley de 1939 para la financiación pública de la construcción de las viviendas para sus empleados. RENFE aprobó un plan de 4.000 viviendas. El precio global estimado de esta construcción era de 112 millones. Según se establecía en la ley de 1939, el INP podía conceder un préstamo de 56 millones de pta (50 %) del total. El Consejo de Administración (CA) de RENFE aprobó este acuerdo en la reunión del 30 de octubre de 1945.
El proceso se puso en marcha con cierta premura, dadas las demandas que llegaban para la construcción de viviendas para los empleados desde diferentes ciudades y barrios de gran tradición ferroviaria, donde los ferroviarios se encontraban en situación bastante precaria o debían vivir lejos de los puntos de trabajo. Así, en la memoria anual de la empresa de 1945 se recoge que, para facilitar los trámites, RENFE adelantaría las cantidades que financiaban tanto el Institucional Nacional de Previsión (INP) como el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), que cubrirían hasta el 90 % de los costes de construcción. Estas cantidades serían recuperadas más adelante según se fueran presentando las certificaciones de obras ante el INV. Sigue leyendo