La empresa pública RENFE había sido en 1944 declarada entidad constructora a los efectos de la ley de vivienda protegida de 1939. Por ello, inició un plan de construcción de viviendas sociales para sus trabajadores en aquellos puntos en los que la demanda era mayor. Este plan, conocido como de las 4.000 viviendas (en realidad, las programadas fueron 3.900), arrancó en plena autarquía con graves problemas de suministro y con una vocación arquitectónica en la que se huía de innovaciones en los diseños y materiales, refugiándose en el uso generalizado del ladrillo como elemento constructivo principal. Con esos condicionantes, el ritmo de construcción no fue el esperado y, en 1954, cuando se produce el cambio legislativo, apenas 1.800 viviendas se habían terminado.
La nueva ley de viviendas de renta limitada de 1954 planteaba una reunificación de las normas anteriores, una mejora en las ayudas en la construcción, especialmente a las iniciativas privadas, y agilizar la acción administrativa de los trámites de permisos y obras. Con la nueva ley, RENFE asumirá la necesidad de ampliar su plan hasta las 7.000 viviendas, contando las anteriores construcciones previstas. Este plan, revisado y publicado en 1956, era valorado por la empresa como la herramienta que le permitía cubrir la demanda existente entre los trabajadores de la empresa. Sigue leyendo