La Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por carretera de 24 de enero de 1941 establecía, entre otras cuestiones, la creación de una nueva empresa pública, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). Esta empresa asumía, vía el rescate, a partir del día 1 de febrero de 1941, los activos y la explotación de las líneas ferroviarias de vía ancha, hasta ese momento explotadas en régimen de concesión por parte de empresas privadas, aunque anteriormente ya se habían producido algunas nacionalizaciones parciales (Muñoz Rubio, 1995).
El nuevo régimen político nacido del triunfo en la Guerra civil de las tropas de Franco, denominado en la propia ley como Movimiento Nacional, proponía un sistema político y económico afín a las dictaduras fascistas que se habían desarrollado en Europa a partir de la década de 1920, y que tenía como principales modelos y valedores a la Italia de Mussolini y a la Alemania de Hitler. Así, además de la implantación de un partido único y un líder, se proponía la intervención de los factores de producción estratégicos, que debían regirse bajo los principios autárquicos del nuevo Estado. La producción industrial más relevante fue integrada en el recién creado Instituto Nacional de Industria (INI), incluyendo algunas actividades del transporte, como Iberia, sin embargo, RENFE no fue incluida en esta estructura y funcionó con una personalidad jurídica propia, pero con un férreo control directo de la Presidencia del Gobierno (en esos años también ejercida por Franco) y los principales ministerios, que tenían representantes en el Consejo de Administración de la empresa. Además, se crearon otros organismos que ejercieron un férreo control de la actividad de la empresa, como la Comisaria de Material Ferroviario y la Delegación del Gobierno para la Ordenación del Transporte (Cuéllar y García-Raya, 2015). Sigue leyendo