La primera entrada de este blog trató sobre una de las primeras normas del entonces nuevo Estado franquista: la ley de viviendas protegidas y la consiguiente creación del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) de 1939. Esta norma tuvo una vigencia de apenas quince años y ahora, ante los nuevos aires que aparecían entre los dirigentes del régimen, se proponía un cambio legislativo que permitiera abrir la actividad constructora a la iniciativa privada, aunque dejando, al menos sobre el papel, la iniciativa al INV a través de la constructora pública Obra Sindical del Hogar (OSH).
Antes de la promulgación de la Ley de 15 de julio de 1954 sobre protección de viviendas de renta limitada se desarrollaron sendos decretos, el de ordenación de un plan de viviendas de tipo social y el que encomendaba a la OSH la construcción de viviendas de renta reducida y renta mínima. Este conjunto de medidas no afectaban a las promociones de vivienda realizadas por la compañías ferroviarias, y de RENFE en particular, ya que esta legislación estaba más orientada a atender a “un grupo de población que llega masivamente a las grandes ciudades y se hacina en los suburbios”, sin apenas recursos económicos suficientes ni estabilidad laboral alguna, de ahí que las viviendas previstas en estos planes fueran de bajo precio (alrededor de 25.000 pta) y unas medidas muy reducidas (en torno a los 45 m2), en el caso de las viviendas mínimas, mientras las de renta reducida podían llegar a los 100 m2 y su precio estaba por encima de las 100.000 pta. Sigue leyendo