BREVE APUNTE SOBRE LA LEGISLACIÓN EN VIVIENDA SOCIAL EN ESPAÑA, 1939-1990. (1) EL PERIODO AUTÁRQUICO

 

1939: Ley de viviendas protegidas y creación del INV. La primera regulación de este periodo es la ley de 19 de abril de 1939 (y reglamento de aplicación de 8 de septiembre de 1939) que se correspondió con una etapa claramente autárquica del régimen y con la vocación falangista y centralizadora del momento, conjuntado con grandes dosis de pragmatismo en su aplicación. Esta ley mantendría su vigencia hasta la promulgación de la ley de 1954 y la normativa de viviendas protegidas se plasmaría en el primer ensayo de plan de viviendas entre 1944 y 1954. Coexistió con las normativas de viviendas bonificadas, de tipo social, de renta reducida y de renta mínima.

Esta ley es consecuencia de las grandes carencias de alojamiento que había en el país, especialmente en las grandes ciudades, derivadas de los años anteriores, cuando la vivienda todavía no era valorada como un bien esencial y pervivía un régimen de arrendamiento disperso y mal ejecutado, y también de los daños causados en la Guerra Civil. Además, sabemos que el parque inmobiliario español era muy viejo y necesitaba una intensa renovación. A esto se sumaba el crecimiento demográfico español posbélico y el proceso de migración campo-ciudad. De ahí la urgencia de la ley y la clara identificación ideológica del régimen. Es decir, se construía un proyecto ideológico, donde la vivienda tenía una especial relevancia, que se sostenía en la trilogía hogar-familia-Estado.

En el texto por primera vez se sustituye la palabra casa por vivienda (humanización) y se daba la calificación de ‘vivienda protegida’. El cambio es principalmente estético: de casa barata a vivienda protegida. Para adquirir dicha calificación las viviendas debían ser de precio de venta o alquiler reducido, cumplir las características técnicas y constructivas indicadas, y estar incluidas en el Plan Estatal de Vivienda. Esta calificación perduraba durante 20 años, o bien si se reintegraban los beneficios económicos al Estado. Los promotores podían ser las administraciones, los sindicatos y organizaciones del Movimiento (el partido único), sociedades cooperativas y benéficas, y las empresas. Entre estas estaría RENFE, que obtendría la calificación de entidad constructora por Decreto de 26 de abril de 1944. Por esto, desde la promulgación de la ley hasta el inicio del plan de las 4.000 viviendas en 1945 no se habían desarrollado proyectos. No conocemos causas de esta demora en llevar a cabo estos planes en unos de los colectivos más necesitados de vivienda.

Es importante recordar que en esta ley también se crea el Instituto Nacional de la Vivienda, santo y seña durante el franquismo de todas las políticas de vivienda, inicialmente integrado en el Ministerio de Trabajo y desde 1957 en el recién creado Ministerio de la Vivienda. En paralelo al Instituto Nacional de la Vivienda se desarrollaba la Obra Sindical del Hogar (OSH) que era el encargado de la promoción pública de viviendas (no era por lo tanto el INV el promotor público de viviendas, aunque tenía atribuciones, sino más bien era un órgano regulador y de gestión del sistema). La ley preveía también un ambicioso plan de ayudas a la construcción. Así, en el caso de RENFE conocemos que la empresa tenía que aportar inicialmente solo el 10% del valor de la construcción, participación que se hacía normalmente en el valor del suelo donde construir, mientras que el resto, se repartía en anticipos y préstamos sin interés del INP (50% a devolver en 20 años) y el INV (40% a devolver en los 20 años siguientes). Es decir, se aportaba el suelo y se hacían abonos durante 40 años de las cantidades financiadas a través de los organismos señalados.

1944: Ley de viviendas de clase media bonificadas. Esta ley (incluidas las modificaciones de 1948 y 1953, y el texto refundido de 1954) resulta de gran interés. Su denominación inicial ya da una pista: Ley de 25 de noviembre de 1944 sobre reducción de contribuciones e impuestos en la construcción de casas de renta para la denominada ‘clase media’. En su preámbulo se indica que la construcción de viviendas es una de las actividades que más contribuyen a reducir los índices de paro y a la creación de riqueza, además de su labor reconstructora sobre los daños de la guerra y el alivio del problema de la vivienda. Esta ley estaba destinada a “quienes … construyan inmuebles con destino a viviendas o realicen reanudaciones y ampliaciones de obras…”. En su artículo segundo se establecía el orden de preferencia para: a) viviendas de nueva construcción en solares ocupados anteriormente por viviendas que hubieran quedado destruidas total o parcialmente; b) reanudación de obras paralizadas en fincas destinadas a viviendas; y c) ampliaciones tanto en altura como en superficie como en altura en viviendas destinadas al alquiler y siempre que se aumente el número de ellas.

Es una ley que, en principio, tenía el doble objetivo de reducir el paro y ayudar en la tarea de reconstrucción de daños en los inmuebles durante la guerra. Su objetivo real era ayudar a las clases medias a la reparación, reconstrucción o nueva planta de sus viviendas de renta (o no), al igual que las clases obreras tenían las ayudas públicas de la ley de 1939. Hay pues un evidente carácter industrialista en la medida (la actividad en la construcción genera riqueza) pero también ideológica (para contentar a las clases medias que habían ayudado a la victoria de Franco): tal y como dice la propia ley, “una contribución directa a la tarea reconstructora de los daños causados por la guerra liberadora, con la consiguiente creación de riqueza y un sensible alivio del problema de la vivienda”. Inicialmente la ley tenía una vigencia de 4 años e incluía proyectos que debían comenzar a ejecutarse en 12 meses y concluir en 36 meses, por lo que hubo que prórrogas a esta ley, en noviembre de 1948 y 1953, modificando algunas cuestiones parciales. A la modificación de 1948 es a la que se suscribió el CA de RENFE para la construcción de viviendas para sus “clases intelectuales y burocráticas”. Además, en julio de 1954 se publicó un texto refundido a través de una orden conjunta de los ministerios de Hacienda y Trabajo.

Es importante recoger que esta legislación no establecía ningún límite en los ingresos de los que podían beneficiarse de la misma, lo que llevaba su aplicación incluso más allá de la clase media. Inicialmente se permitía solo que el uso de las viviendas era para arrendamiento, pero después se autorizó la venta y la propiedad de estas viviendas. La tradición de construcción de viviendas de renta procedía del primer tercio del siglo XX, pero en el franquismo se extendería el uso en propiedad de las viviendas y esto también afectaba a las clases medias, por lo que estas reclamaron también ese acceso a la propiedad con las ayudas que se daban en los otros casos.

Había, pues, dos sistemas de protección oficial para la vivienda (protegidas y bonificadas), tuteladas respectivamente por el INV y la Junta Nacional de Paro (JNP), lo que creó no pocas tensiones y llevaría a la unificación de ambos regímenes en la ley de 1954 bajo la gestión centralizada del INV, ya con la denominación de viviendas de renta limitada.

Los menores requisitos de las viviendas bonificables y las mejores condiciones de financiación (o quizá la existencia de una clase media más capaz de acceder a la financiación) provocaron una avalancha de peticiones de financiación al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional.


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